domingo, mayo 31, 2020

En Moncloa existen nervios sobre este asunto y, de hecho, cada vez que los periodistas preguntan en rueda de prensa al ministro de Sanidad

Gobierno español cuestionado por cifras sobre muerte de ancianos

Madrid.-El gobierno español encabezado por Pedro Sanchez se encuentra en tela de juicio ya que son varias las voces que crítican que la explosión en el número de casos de ancianos fallecidos por Covid-19 es su responsabilidad.

Este viernes se cumple un mes justo de la promesa que hizo el Ministerio de Sanidad mediante una orden oficial para hacer públicas estas cifras y ni rastro sobre la situación de estos centros. Las fuentes consultadas desvelan que este asunto genera cierto malestar en algunos ministerios, que ya miran de reojo al vicepresidente Pablo Iglesias, al ser el responsable de las residencias durante el estado de alarma.

En el Gobierno de Sánchez están convencidos de que la responsabilidad última de la situación de las residencias la tienen las distintas comunidades autónomas y, en esto, no van a cambiar de opinión. Sin embargo, si existiera alguna responsabilidad jurídica que pudiese afectar al Gobierno de la Nación, no hay otro que el vicepresidenta de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, quien se puso al frente de la respuesta social cuando se decretó el estado de alarma en marzo. Desde la Vicepresidencia del Gobierno avanzan que ya se está trabajando en que todas las residencias cumplan unos requisitos imprescindibles para mantener su actividad.

En Moncloa existen nervios sobre este asunto y, de hecho, cada vez que los periodistas preguntan en rueda de prensa al ministro de Sanidad, Salvador Illa, esquiva la respuesta asegurando que “cuando tengamos los datos, los pondremos a su total disposición”. Si la orden publicada en el BOE el pasado 8 de abril obligaba a todas las comunidades a remitir los datos de estos centros, cada martes y viernes antes de las 21 horas, ¿por qué el Gobierno no los hace públicos? Es la pregunta que se hacen en el resto de formaciones políticas.

Para despistar de la realidad de estos centros, desde la Vicepresidencia del Gobierno avanzan que “ya se está trabajando en que todas las residencias cumplan unos requisitos imprescindibles para mantener su actividad”. Se trata de un programa que obliga a todas las comunidades autónomas a asegurar un mínimo de servicios y de calidad. A preguntas de LPO, aseguran que el Gobierno “no se plantea centralizar las competencias de estos servicios”, sino la aplicación de un control de estos centros. “Es uno de los asuntos que se discutirá en la comisión de reconstrucción en el Congreso junto al resto de partidos”, avanzan desde Podemos.

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